• España necesita un Gobierno estable, riguroso y moderado para empezar a trabajar de manera inmediata con una agenda económica y social.
  • El conflicto territorial en España perjudica, desestabiliza y amenaza al conjunto del país con el bloqueo institucional.
  • Es necesario preservar el clima de confianza para emprender. El diálogo y la concertación social con patronales y sindicatos contribuirán a un crecimiento económico más inclusivo y a un sistema productivo más eficiente e innovador.

El inicio de la legislatura a partir de la investidura hoy del candidato socialista, Pedro Sánchez, con el apoyo o la abstención de diferentes grupos parlamentarios, esperamos que sirva para afrontar los principales retos del país después de más de ocho meses de incertidumbre e inestabilidad.

España necesita un Gobierno estable y moderado que de forma inmediata empiece a trabajar con una agenda económica y social que dé respuesta a todos los requerimientos de un país que debe continuar haciendo reformas para apoyar a la economía productiva y afrontar el nuevo ciclo de desaceleración económica. El nuevo gobierno deberá trabajar para buscar acuerdos y el máximo consenso de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para afrontar los retos económicos, sociales y políticos del país. Que el nuevo gobierno reconozca el conflicto político entre Cataluña y el resto el Estado es un buen punto de partida para trabajar desde el diálogo y la lealtad mutua el conflicto territorial en España, que desestabiliza, perjudica y amenaza al conjunto del país con el bloqueo institucional. En este punto Foment del Treball y Fepime consideran imprescindible ampliar al máximo los acuerdos y el consenso a los grupos parlamentarios tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Cataluña.

Clima de confianza para impulsar la economía productiva

La estabilidad política tendría que contribuir a generar el clima de confianza necesario para impulsar la actividad económica, las inversiones y la creación de ocupación. El diálogo y la concertación social son imprescindibles para salir adelante una agenda reformista y es, en este contexto, donde los agentes económicos y sociales –sindicatos y patronales- tenemos que ser actores principales para aportar soluciones y avanzar hacia un sistema productivo eficiente e innovador y un crecimiento económico más inclusivo.

La política española y la catalana tienen que hacer un esfuerzo para recuperar el prestigio y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, continuamente sacudidas estos últimos años. Sin la necesaria confianza de los ciudadanos en sus instituciones será difícil obtener resultados positivos durante esta legislatura. Hay que abordar todas las reformas pendientes con los máximos apoyos parlamentarios posibles.

España, que a pesar de la incertidumbre política, ha mantenido indicadores de crecimiento superiores a los de los principales países europeos, tiene que atender los requerimientos y compromisos para afrontar la crisis climática, tiene que mostrar su preparación ante el paradigma tecnológico que empieza este año 2020 con la implantación del 5G y tiene que reforzar el peso del sector industrial en el PIB.

Reconocimiento del papel de los empresarios

El próximo lunes 13 de enero, la Junta Directiva y Asamblea de Foment analizarán el acuerdo del Gobierno subscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, así como el anteproyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público que presentó en diciembre el Gobierno de la Generalitat al Consell de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC).

Las propuestas fiscales incluidas en el acuerdo del gobierno español y en el anteproyecto de ley de la Generalitat de Cataluña generan una gran preocupación al mundo empresarial catalán y desde Foment y Fepime se trabajará desde todos los ámbitos para enmendar y corregir una política fiscal que penalizará la actividad empresarial, a los profesionales y las inversiones en nuestro país. Los empresarios, emprendedores y autónomos tienen un papel decisivo y merecen el reconocimiento de las instituciones y grupos políticos dado que su contribución es esencial para la creación de riqueza y generación de ocupación.